Una reforma fiscal poco satisfactoria para las empresas
La valoración de la reforma fiscal que está impulsando el Gobierno va desde la comprensión de la OCDE, el FMI, las instituciones europeas y la comisión de expertos que realizó el informe Lagares, aunque proponen más intensidad y profundidad en algunas medidas, como bajar las cotizaciones, subir el IVA y otros impuestos especiales, al tiempo que apoyan la eliminación de la deducción por compra de vivienda a todos los contribuyentes, hasta la discrepancia del catedrático de Economía y Estrategia de la London School, Luis Garicano, y el grupo de expertos de la Asociación Nada es Gratis, que consideran la mayor parte de las medidas adoptadas como meramente cosméticas y faltas de la orientación adecuada, y que prefieren apostar por la regeneración política y social para que España se transforme en la Dinamarca del sur.
Es obvio que la reforma tiene aportaciones positivas y cuestiones mejorables, pero también lo es que no modifica sustancialmente el actual modelo fiscal que considero es injusto. Pero a estas alturas del ejercicio el Ministerio de Hacienda tiene poco margen de maniobra temporal para realizar modificaciones en los aspectos fundamentales si quiere que las empresas tengan el plazo suficiente para aplicar la rebaja fiscal en las nóminas de enero, como parece es el objetivo.
La reforma fiscal tiene algunos aspectos positivos, entre los que me gustaría destacar que apuesta por alcanzar el equilibrio presupuestario con el fin de disminuir el déficit público existente, que ya roza el 100% del PIB. Es preciso conseguirlo manteniendo la eficacia del sistema público, modernizando su funcionamiento, y administrando de forma adecuada el gasto público, adoptando modelos de países europeos de nuestro entorno, que también apuestan por el bienestar social.
Es relevante también destacar los avances que propone para combatir la injusticia del actual sistema tributario, en el que la mayor carga fiscal recae sobre las clases medias, mientras que las grandes fortunas y las empresas multinacionales disponen de instrumentos financiero-fiscales que les permiten una reducción de su tributación en términos considerables.
Estoy convencido de que las medias que propone la reforma para paliar las elevadas tasas de defraudación y de ocultación de bienes y rentas, permitirán aflorar buena parte de la economía informal si se dota de medios suficientes a la inspección y se utilizan con eficacia todos los medios técnicos al alcance de la Agencia Tributaria.
Por último, entre las cuestiones positivas, me gustaría destacar las medidas que han modificado el IRPF y el Impuesto de Sociedades. Es una buena noticia que se eleven los mínimos exentos, que se reduzcan los tramos de siete a cinco (incluso considero que sería aconsejable que fuese a tres), así como la rebaja de las retenciones a autónomos y en las retribuciones de rentas sobre el ahorro. En lo referente al Impuesto de Sociedades, es una propuesta muy acertada la reducción del tipo impositivo en un 5%. Sólo hay una salvedad, que dichos recortes se harán en los próximos dos años en lugar de tener una aplicación inmediata, que propicie el crecimiento económico y el aumento del consumo interno.
Dicho esto, también hay otras cuestiones de importancia en las que todavía no se ha avanzado lo suficiente. Por ejemplo, creo que la reforma fiscal debería tender a la simplificación del sistema tributario, es decir, que las obligaciones formales o contables de los contribuyentes sean lo más sencillas posibles, para evitar costes innecesarios en la Administración para gestionarlas, y para el contribuyente. Esto no se ha conseguido en este texto.
Además, se debería propiciar la aplicación rápida de las rebajas propuestas en los tipos impositivos del Impuesto de Sociedades y de los tipos marginales de IRPF, para que estimulen el crecimiento económico y, por tanto, estimulen el mercado laboral.
Debería dar un mejor trato a los planes de ahorro y previsión a largo plazo, unificando su trato fiscal, tanto para realizar inversiones financieras en diferentes activos o productos, como para la tributación de los planes de pensiones, diferenciando entre los ganancias financieras y los capitales invertidos.
Otras medidas necesarias serían: eliminar el Impuesto sobre el Patrimonio, dada su baja recaudación y su dudosa equidad; la homogeneización del Impuesto de Sucesiones en todo el territorio nacional; la disminución de las diferencias entre el resultado contable y el resultado fiscal, con la admisión de las amortizaciones contabilizadas; revisar las deducciones exenciones y bonificaciones del IRPF que reducen significativamente la recaudación de este impuesto; una mayor aplicación de los impuestos indirectos, que tienden a ser cada vez más proporcionales; y por último, que la Agencia Tributaria dé un tratamiento más humanizado al contribuyente, poniendo sus esfuerzos en transmitir a la sociedad los beneficios que generan una correcta colaboración entre la Administración Pública y el administrado.
La reforma fiscal anunciada por el Gobierno, por tanto, adolece de la globalidad pretendida en su origen, que entendemos necesaria para abordar los retos de futuro de una política económica sostenible. Pero además, aunque pretende rebajar los tipos en el IRPF y el impuesto sobre sociedades, ambos tributos se mantendrán varios puntos porcentuales por encima de la media de la Unión Europea.
Pedro Algarra García
Presidente del Foro de Debate Económico Germán Bernácer